
Información de fondo
Al prestar servicios en el extranjero, los bufetes de abogados pueden correr el riesgo de ser acusados de infringir los derechos de marca de terceros. En tales casos, pueden emplear diversas defensas.
Uso legal de marcas
En primer lugar, un bufete de abogados puede argumentar que sus marcas registradas en el extranjero están legalmente registradas y en uso, y que no existe infracción. El bufete puede aportar pruebas, como certificados de registro de marca, para demostrar que sus procedimientos de registro de marca en el extranjero son legales y válidos, y que no deben considerarse una infracción.
Similitud de marca registrada
Como alternativa, un bufete de abogados puede argumentar que la marca que utiliza no es similar a la de otra parte y, por lo tanto, no genera riesgo de confusión. La marca del bufete puede distinguirse claramente de la de otra parte en cuanto a diseño general, color de fuente y otros aspectos, lo que no constituye una infracción de la marca de esa parte.
Diferenciación del alcance del servicio
Un bufete de abogados también puede argumentar que los servicios que presta son distintos de los ofrecidos por otra marca y, por lo tanto, no compiten. Un bufete puede especializarse en un área legal o grupo de clientes específico, lo cual es claramente distinto de los servicios ofrecidos por otra marca y, por lo tanto, no infringe la marca registrada.
Percepción del consumidor
Además, un bufete de abogados también podría argumentar que los consumidores no confundirían su marca con la de otros y que tienen suficiente discernimiento para distinguir entre distintos proveedores de servicios. Los consumidores pueden distinguir claramente la marca del bufete de abogados de la de otros y no se confundirían con ella, por lo que el uso de la marca por parte del bufete no constituye una infracción.
Voluntad de cooperar
Finalmente, el bufete puede enfatizar su disposición a negociar y cooperar con otros, así como a resolver los problemas de uso de la marca mediante una negociación amistosa. El bufete puede proponer llegar a un acuerdo o firmar un contrato de licencia con otros para demostrar que no está cometiendo una infracción intencional y que está dispuesto a resolver la disputa mediante un acuerdo amistoso.